El Parlament de Catalunya ha aprobado hoy la nueva Ley de Cámaras, una reivindicación histórica de las 13 Cámaras de Comercio catalanas que pone fin además de una década sin una normativa autonómica adaptada a la realidad del sistema cameral catalán, redefiniéndolas de nuevo y dotándolas de plena seguridad jurídica.
La nueva Ley de Cámaras permitirá, en primer lugar, adaptar la normativa catalana a la Ley básica estatal de Cámaras de Comercio del 2014. Desde aquel año, Cataluña había sido una de las pocas comunidades autónomas sin una ley cameral actualizada y se estaba rigiendo por una regulación anterior, que había quedado obsoleta, el que afectaba negativamente el funcionamiento de las Cámaras de Comercio.
La aprobación de la norma culmina un proceso iniciado por las Cámaras con la redacción de la Proposición de ley y una larga interlocución, primero con los agentes sociales, después con el Gobierno de la Generalitat de Cataluña y finalmente con los grupos parlamentarios, con el objetivo de conseguir una propuesta dialogada y de consenso para garantizar que el texto superara todos los trámites para convertirse en ley.
Después de conseguir todos los apoyos, la Proposición de Ley de Cámaras fue registrada en el Parlamento de Cataluña, tramitada por el procedimiento de urgencia y presentada al Pleno por parte de los grupos parlamentarios del PSC-Units per Avançar, Junts, Esquerra Republicana de Catalunya y el Partit Popular de Catalunya. El Pleno ha dado luz verde definitiva a la Ley de Cámaras después del aval unánime del Consell de Garanties Estatutàries, el dictamen del cual considera el contenido de la Proposición de ley conforme al Estatuto y la Constitución y , en concreto, los preceptos relativos a la composición de los órganos de gobierno de las Cámaras de Comercio, su rol de representación y participación institucional respecto de los intereses generales que se los son propios y sus funciones de participación y colaboración en materia de formación profesional.
Una ley adaptada a la realidad de las Cámaras
La Ley reconoce y ordena cuatro grandes ámbitos donde actúan las Cámaras de Comercio: la representación de los intereses generales del comercio, la industria, los servicios y la navegación; la colaboración con las administraciones; la prestación de servicios a las empresas y el fomento del catalán.
En el ámbito institucional, la Ley refuerza la función de representación de los intereses generales del comercio, la industria, los servicios y la navegación. También consolida un modelo de gobernanza basado en la pluralidad y la participación ponderada de los diferentes sectores económicos, las organizaciones empresariales y las empresas comprometidas con la actividad cameral.
La norma regula igualmente la participación de las Cámaras en aquellos organismos de las administraciones públicas donde haya que garantizar la presencia de los intereses generales de la economía. Al mismo tiempo, les reconoce capacidad para promover nuevos espacios de representación y participación mediante las figuras jurídicas previstas a la normativa.
Uno de los aspectos más relevantes de la ley es la mejora del actual modelo de financiación para el ejercicio de las funciones públicas e institucionales de las Cámaras de Comercio, hecho que permitirá desarrollar estas finalidades camerales esenciales con mayor solidez y continuidad.
En concreto, el Govern y las Cámaras, en el plazo de seis meses a contar de la entrada en vigor de la Ley, tienen que subscribir un convenio plurianual de tres años y la Generalitat tiene que prever anualmente una partida específica para las Cámaras, con una implantación progresiva de la financiación durante los tres años: 3 millones de euros el primer año, 5 millones el segundo año y 7 millones el tercer año.
Impulso a la colaboración publicoprivada
Otra de las grandes novedades principales que introduce la ley es la nueva configuración de los Planes Camerales, un instrumento que permitirá articular de manera más coordinada y eficiente la colaboración entre las Cámaras y las administraciones públicas. A través de estos planes, las Cámaras podrán identificar las necesidades prioritarias de la economía de cada territorio y del conjunto de Catalunya, proponer objetivos de desarrollo económico y plantear actuaciones específicas para lograrlos. Su ejecución se negociará con las administraciones públicas competentes, incluyendo sus mecanismos de financiación.
La norma también define con más precisión la participación de las Cámaras en ámbitos como los estudios económicos, las encuestas empresariales, la promoción económica o el desarrollo del FP, reforzando así la colaboración entre el sector público y el sector empresarial. Además, se establece un marco más claro para las relaciones entre el Consell General de Cambres de Catalunya y las Cámaras territoriales, tanto en cuanto a la gobernanza como a la financiación de los proyectos compartidos.
La prestación de servicios a las empresas continúa siendo una de las funciones esenciales de las Cámaras, tanto para mantener la proximidad con el tejido productivo como para disponer de una fuente complementaria de ingresos. En este sentido, la nueva norma establece con claridad las condiciones en que estos servicios se tienen que desarrollar, garantizando en todo momento el respecto a los principios de libre competencia y evitando cualquier distorsión en relación con los otros operadores presentes al mercado.
Avances en transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno
La Ley incorpora también importantes adelantos en materia de transparencia y gobernanza en cuanto a la información relativa a subvenciones recibidas, convenios, contratación, políticas de igualdad y retribuciones. Así mismo, se definen los contenidos mínimos que tendrán que incluir los códigos de conducta de las Cámaras, reforzando los mecanismos de buen gobierno y rendición de cuentas.
Finalmente, la norma también regula la instrumentación de las subvenciones para el ejercicio de las tareas institucionales.
Una herramienta para reforzar la competitividad de Cataluña
Con la aprobación de la Ley de Cámaras, Catalunya dispone finalmente de un marco legal moderno y adaptado a la realidad actual de su sistema cameral. La norma refuerza el papel de las Cámaras como instituciones de representación económica, colaboración con las administraciones y apoyo al tejido empresarial, a la vez que consolida los mecanismos de transparencia y eficiencia.
Las Cámaras de Comercio de Catalunya valoran muy positivamente la aprobación de esta Ley, que ha sido posible gracias al amplio consenso institucional, político y empresarial logrado durante su tramitación, y que tiene que contribuir a mejorar la competitividad y el progreso económico territorial del conjunto del país.
